Santo Domingo. – La diputada por la provincia Puerto Plata, Lidia Esther Pérez de Taveras, depositó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar varios artículos del nuevo Código Penal con el propósito de fortalecer las garantías de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la crítica y la denuncia.
La iniciativa, presentada el 10 de junio, propone cambios a los artículos 121, 122, 123, 208, 209, 210, 309, 310 y 311 de la Ley 74-25, Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana. Según la legisladora, la redacción actual de estas disposiciones podría dar lugar a restricciones indebidas de derechos fundamentales relacionados con la expresión y el debate público.
El proyecto se suma a una propuesta anterior sometida por Pérez el pasado 6 de mayo, denominada Ley sobre las Garantías de la Libertad de Expresión, Libertad de Prensa y Prohibición de Censura Previa, con la que busca conformar un marco legal integral para proteger estos derechos.
La congresista afirmó que ambas iniciativas persiguen un mismo objetivo: impedir que ciudadanos, periodistas o actores políticos puedan ser sancionados penalmente por emitir opiniones, formular críticas, realizar denuncias o participar en discusiones de interés público.
“Ningún dominicano debe ir preso por opinar. Quien difama con mentira deliberada debe responder ante la justicia; quien acosa de verdad debe ser sancionado con firmeza. Pero la crítica, la denuncia y el periodismo no son delitos: son la democracia funcionando”, expresó la diputada durante el depósito de la pieza legislativa.
Entre las modificaciones propuestas figura la eliminación de las penas de prisión por los delitos de difamación e injuria, sustituyéndolas por multas y medidas de reparación proporcional. Además, se incorpora el criterio de dolo para los casos relacionados con funcionarios públicos, candidatos o asuntos de interés público, exigiendo demostrar que una información fue difundida con conocimiento de su falsedad o con desprecio manifiesto por la verdad.
La iniciativa también plantea reformar las disposiciones relativas al ultraje contra funcionarios públicos, eliminando la posibilidad de sancionar expresiones, críticas o manifestaciones dirigidas a servidores públicos. En su lugar, se propone penalizar únicamente amenazas graves, reales y verificables.
Asimismo, el proyecto redefine los delitos de acoso, hostigamiento y ciberbullying, estableciendo que deberán existir conductas reiteradas, graves y con daños demostrables para que proceda una sanción. Las opiniones, sátiras, denuncias y expresiones relacionadas con asuntos de interés público quedarían excluidas de estas figuras penales.
Pérez sostuvo que la propuesta mantiene sanciones severas para casos de chantaje, amenazas reales, difamación extorsiva y delitos cometidos mediante redes coordinadas o cuentas falsas, especialmente cuando impliquen violencia, intimidación o vínculos con el crimen organizado.
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