Santo Domingo. – El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó este lunes la apertura a juicio de fondo contra Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Veras, propietarios de la Jet Set, acusados de homicidio involuntario tras el colapso del techo del establecimiento ocurrido el 8 de abril de 2025, tragedia que dejó 236 fallecidos y más de 100 personas heridas.
Al emitir el auto de apertura a juicio, el magistrado rechazó la petición formulada por algunos querellantes que buscaban modificar la calificación jurídica del expediente a homicidio voluntario mediante la figura del dolo eventual. En consecuencia, el proceso continuará sustentado en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, relacionados con el homicidio culposo o imprudente, tal como fue presentado por el Ministerio Público.
Durante la lectura íntegra de la decisión, el tribunal estableció que será un tribunal de fondo el encargado de determinar la responsabilidad penal de los imputados respecto a las alegadas negligencias vinculadas al mantenimiento, supervisión y modificaciones realizadas a la estructura donde operaba el centro de entretenimiento.
El juez también declaró admisibles las querellas y constituciones en actores civiles presentadas por víctimas y familiares que cumplieron con los requisitos legales. Asimismo, fueron admitidas las pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales aportadas por el Ministerio Público, así como los elementos probatorios sometidos por la defensa.
En relación con las medidas de coerción, el tribunal decidió mantener la garantía económica de RD$50 millones impuesta a cada uno de los acusados, además del impedimento de salida del país y la obligación de presentación periódica ante las autoridades el día 30 de cada mes. El magistrado consideró que los imputados han cumplido con las disposiciones del proceso, por lo que no existían fundamentos para variar las medidas vigentes.
La resolución también ratificó las medidas conservatorias sobre bienes y activos vinculados al caso, incluyendo órdenes de inmovilización, secuestro, embargos conservatorios, embargos retentivos e hipotecas judiciales por hasta RD$500 millones. Estas disposiciones buscan garantizar una eventual compensación económica a favor de las víctimas y sus familiares.
De igual manera, fueron admitidos como terceros civilmente demandados las empresas Inversiones E & R SRL, Radiocadena Comercial SRL, Difusora Hemisferio SRL e Inversiones CCP Dos SA, así como Evelyn Espaillat y Ana Grecia López, quienes deberán responder en la fase de juicio respecto a las reclamaciones civiles derivadas de la tragedia.
Con esta decisión concluye la etapa preliminar del proceso y el expediente será remitido al tribunal correspondiente para el conocimiento del juicio de fondo, donde se debatirán las pruebas presentadas por las partes y se determinará la responsabilidad penal de los acusados en uno de los casos judiciales de mayor impacto en la historia reciente de la República Dominicana.
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