DIDA advierte que las clínicas no pueden suspender servicios de salud a afiliados de las ARS

Santo Domingo.– La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) advirtió este domingo que las clínicas privadas no pueden suspender los servicios de salud a los afiliados de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), al recordar que la atención médica es un derecho protegido por la legislación dominicana.

El pronunciamiento de la entidad se produce luego de que la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP) anunciara que evaluará la posibilidad de suspender temporalmente los servicios a los afiliados de las principales ARS como medida de presión para reclamar un aumento en las tarifas que reciben por las atenciones médicas.

El director de la DIDA, Elías Báez, señaló que la prestación de servicios de salud no constituye una facultad discrecional de los centros médicos, sino una obligación establecida en la Ley 87-01 sobre Seguridad Social y en la Ley General de Salud 42-01, las cuales garantizan el acceso oportuno, continuo y de calidad a los servicios de salud para todos los afiliados.

Asimismo, hizo un llamado a las clínicas y a los demás actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social a procurar soluciones mediante el diálogo, evitando que las diferencias económicas afecten a los pacientes.

La institución también reconoció el derecho de los prestadores de servicios de salud a presentar sus reclamos, pero insistió en que estas acciones no deben traducirse en la interrupción de la atención médica de la población.

La DIDA informó que mantendrá un monitoreo permanente de la prestación de los servicios de salud y reforzará sus mecanismos de orientación y asistencia para atender cualquier denuncia o reclamación de los afiliados que consideren vulnerados sus derechos.

ANDECLIP tiene previsto reunirse el próximo 8 de julio para decidir si ejecuta la suspensión de servicios, definir las ARS que serían afectadas y establecer el alcance de la medida, en medio de un conflicto por la actualización de las tarifas que pagan las aseguradoras a las clínicas privadas.


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