Santo Domingo. – El proyecto de ley que regula los juegos de azar en la República Dominicana contempla severas sanciones contra los accionistas, socios y administradores de empresas del sector que participen o permitan la comisión de infracciones calificadas como muy graves.
La iniciativa, aprobada con modificaciones por la Cámara de Diputados y devuelta al Senado de la República para continuar su trámite legislativo, establece en su artículo 153 que las personas físicas o jurídicas que ocupen cargos de administración, gerencia o dirección en empresas de apuestas y juegos de azar responderán personalmente cuando consientan, fomenten, estimulen, encubran o faciliten la comisión de violaciones graves a la normativa.
Como parte de las sanciones, el proyecto dispone la separación inmediata del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones de administración o dirección en cualquier entidad del sector de las apuestas y los juegos de azar, así como en empresas matrices, grupos corporativos o holdings vinculados a esa actividad, por un período de hasta diez años.
La medida se aplicaría sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan al titular de la licencia, con el propósito de establecer responsabilidades individuales y evitar que los directivos eludan las consecuencias de las infracciones cometidas por las empresas bajo su administración.
El proyecto forma parte de una reforma integral impulsada por el Poder Ejecutivo para fortalecer la regulación del sector de los juegos de azar, combatir las operaciones ilegales y reforzar los mecanismos de supervisión.
Entre otras disposiciones, la iniciativa crea la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), organismo que tendría a su cargo la regulación y fiscalización de la actividad, además de establecer un régimen de sanciones que incluye penas de hasta diez años de prisión para quienes manipulen resultados de apuestas, utilicen testaferros para ocultar a los beneficiarios reales de licencias o incurran en otras infracciones consideradas muy graves.
Asimismo, el proyecto fija restricciones para la ubicación de establecimientos de apuestas, prohíbe el acceso de menores de edad a estos negocios y establece medidas de juego responsable, como la creación de un registro de autoexclusión para personas con problemas de ludopatía.
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