La contrarrevolución del cambio

Por: Chiqui Aguilera

La primera vez que escuché hablar con fuerza del concepto de “nueva política” en República Dominicana fue alrededor del proyecto político de Luis Abinader, cuando recorría el país sembrando una propuesta que, para muchos, parecía difícil de convertir en realidad. Corrían los años 2015 y 2016 y comenzaba a tomar forma una aspiración que iba mucho más allá de sustituir a un partido por otro, al día de hoy se trató en efecto cambiar la manera de ejercer el poder.

No pretendo atribuirle a Abinader la creación del concepto. A estas alturas del juego político resulta muy difícil y hasta pretencioso adjudicarse la paternidad de esta idea. Pero sí se puede afirmar que aquella propuesta logró conectar con una sociedad cansada de determinadas prácticas y deseosa de una forma distinta de administrar el Estado.

Fueron tiempos de ilusión, de sueños y, sobre todo, de deseos de derrotar lo que parecía imposible.

Durante 16 años ininterrumpidos de gobiernos del PLD se acumuló una percepción de concentración del poder, debilitamiento de los contrapesos y normalización de prácticas que hoy se consideran incompatibles con una democracia institucionalmente madura. El nepotismo, el uso político de determinadas instituciones, la aplicación selectiva de las reglas y el uso de los recursos públicos con fines políticos fueron parte de un debate que terminó convirtiéndose en una de las razones del agotamiento de aquel modelo.

En ese contexto llegó Luis Abinader y el PRM al poder con una palabra sencilla, pero de enorme significado, cambio.

Quizás ni siquiera quienes construyeron aquella consigna alcanzaban a dimensionar todo lo que significaría llevarla a la práctica.

Porque cambiar no era simplemente sustituir funcionarios. Tampoco consistía únicamente en colocar una administración diferente en el Palacio Nacional. El verdadero cambio implicaba tocar profundamente las estructuras, costumbres y relaciones de poder que durante décadas parecieron formar parte del “librito” no escrito de la administración política dominicana.

Y ahí comenzó la verdadera transformación.

Ascensos y promociones en las Fuerzas Armadas bajo nuevos criterios, cambios en la Policía y una reforma integral en proceso; y fortalecimiento de instituciones; una Procuraduría General de la República independiente, encabezada por una persona que no pertenece al círculo político del presidente; un proceso de actualización en la educación a todos los niveles, enfocada en la calidad y en las carreras y mercados del futuro, una transformación que su impacto se visibilizará a largo plazo; e infraestructura deportivas en todo el territorio nacional, esto solo por mencionar algunas obras que serán legado.

Lo verdaderamente disruptivo no ha sido solamente lo que se ha cambiado, sino lo que dejó de ser necesario para que determinadas cosas ocurrieran.

Ya no es necesario llegar con una tarjeta firmada por un ministro o director, un hermano, un primo, un cuñado o un amigo de un funcionario para que un proceso administrativo avance. Mucho menos para intentar torcer el curso de una investigación, conseguir privilegios frente a la justicia o lograr que un detenido sea liberado por una llamada.

Tampoco no será normal que familiares cercanos de quienes gobiernan utilicen su posición para hacer negocios con el Estado.

Eso tiene un nombre que es, integridad institucional.

Ya la institucionalidad no puede depender de quién ocupe el Palacio Nacional. Debe funcionar precisamente para que el poder tenga límites, para que las reglas sean más fuertes que las relaciones personales y para que el Estado deje de operar como patrimonio temporal de quienes lo administran.

Pero aquí aparece un elemento,y es que el cambio comienza a producir su propia resistencia.