Por: Jesús Féliz
La protección del medio ambiente no admite discusión, la República Dominicana necesita transformar su sistema de gestión de residuos, cerrar vertederos a cielo abierto, aumentar el reciclaje y avanzar hacia una economía circular. En ese objetivo coinciden el Gobierno central, los ayuntamientos, el sector empresarial y la sociedad, sus diferencias es cuando se analiza cómo financiar esa transformación.
La modificación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, elevó las contribuciones especiales que deben pagar las empresas. Hoy una empresa con ingresos superiores a RD$100 millones aportará RD$675,000 al año, mientras que las escalas inferiores también registran incrementos importantes, que en algunos casos superan el 500 % respecto al esquema anterior. Además, la contribución es obligatoria aun cuando la empresa no obtenga beneficios en ese ejercicio fiscal.
El Gobierno argumenta que estos recursos son indispensables para fortalecer el sistema nacional de gestión de residuos, financiar infraestructura, impulsar el reciclaje y garantizar la sostenibilidad del fideicomiso creado por la ley, el propósito legitimo y responde a una necesidad ambiental que el país ha postergado durante décadas.
Las preocupaciones del sector empresarial, sin embargo, también merecen atención; el principal cuestionamiento no es la necesidad de proteger el medio ambiente, sino la ausencia de una explicación pública suficientemente detallada sobre cuánto costará realmente transformar el sistema y cuánto se espera recaudar para lograrlo, esa información, resulta difícil evaluar si las nuevas contribuciones guardan una relación proporcional con las inversiones que se pretenden realizar.
Existe además un aspecto técnico que merece revisión, dado que la contribución se calcula según el nivel de ingresos de la empresa y no según la cantidad de residuos que genera, esto significa que una empresa con altas ventas, pero baja generación de desechos, puede terminar pagando más que otra con menor facturación y mayor impacto ambiental. Desde una perspectiva de política pública, ese diseño se aparta parcialmente del principio internacional de “quien más contamina, más paga”.
También debe analizarse el impacto económico, para las grandes empresas, el incremento puede representar un costo manejable, pero para muchas micro, pequeñas y medianas empresas, un aumento significativo en una contribución obligatoria reduce liquidez, limita inversiones y, en algunos casos, termina trasladándose a los precios que paga el consumidor.
Las mejores políticas públicas no enfrentan al desarrollo económico con la protección ambiental, las hacen compatibles. Un sistema moderno debería recaudar lo necesario para resolver el problema de los residuos, pero también incentivar a las empresas que reciclan, reducen su huella ambiental e innovan en procesos sostenibles, es lo justo y razonable.
La discusión, por tanto, no debe centrarse en si se recauda más o menos, sino en si cada peso recaudado producirá un resultado ambiental verificable. Se impone la transparencia en el uso de los fondos, la rendición de cuentas y la medición de resultados, ya que serán determinantes para que esta reforma gane legitimidad y confianza.
Porque, al final, el éxito en la aplicación de una nueva Ley de Residuos Sólidos no se medirá por los millones que ingresen al fideicomiso, sino por los vertederos que desaparezcan, las toneladas de residuos que se reciclen y la confianza que genere un modelo donde los gobiernos central y locales, las empresas y la sociedad compartan la responsabilidad de construir un país más limpio y sostenible.
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